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ordi Besora, uno de los propietarios de Transportes Besora, se mostró este jueves muy satisfecho con la declaración judicial «porque por fin se nos da la razón», aunque avisó que «ahora empieza una nueva lucha, que es saber cuándo cobraremos». El transportista lamentó que «de momento, los políticos se está sacando el muerto de encima», sobre quién debe abonar el dinero recaudado con la tasa declarada ahora ilegal. Su empresa familiar, que cuenta con una veintena de camiones y realiza servicios por territorio catalán, exige un reembolso de 45.632 euros, que pagó entre 2005 y 2008.
Jordi incide en la injusticia de este impuesto, que ha afectado muy negativamente a un sector «herido de gravedad por la crisis:con poco trabajo, el mismo consumo y carburantes más caros». La joven abogada Irene Mallol, que llevó el caso de Besora hasta Bruselas, confía en que la sentencia «ayude a salvar muchas empresas de transporte». Ella defiende a más de 80 transportistas de Tarragona (a los que se les deben más de 6,1 millones de euros por el céntimo sanitario) y cree que muchos más lo reclamarán a partir de ahora. Mallol, que lamenta que los políticos «tiren balones fuera», calcula que hasta dentro de tres meses no se empezarán a resolver las devoluciones.